Un total de 21 municipalidades distritales de Lima Metropolitana están haciendo cobros ilegales por los servicios que prestan a los ciudadanos al no haber reconvertido sus tarifas o haberlo hecho de manera inadecuada de acuerdo al valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) que rige actualmente y que asciende a tres mil 600 nuevos soles.

La adjunta de la defensoría del Pueblo para la Administración Estatal, Susana Silva, informó que en la supervisión hecha por esa entidad a 38 concejos distritales se pudo detectar que 21 de ellos (55 por ciento), al haber subido el valor de la UIT, elevaron los precios por los trámites sin ningún sustento.

Explicó que, por ejemplo, si por una licencia de funcionamiento se cobraba 300 soles, lo que representaba el 8.4 por ciento de una UIT que regía el año pasado, al subir el valor de la UIT lo que las municipalidades tenían que hacer era precisar en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) que esa tarifa ahora representa el 8.3 por ciento de una UIT.    

“Pero 21 comunas han procedido exactamente a la inversa, y en vez de actualizar el porcentaje lo que han hecho es elevar los precios para que la tarifa siga siendo el 8.4 por ciento de la UIT modificada, lo que constituye un cobro ilegal”, anotó la funcionaria.

Silva manifestó que es muy difícil calcular cuánto dinero han percibido esos municipios de manera ilegal en estos meses y que si bien es cierto el cobro excedente de manera individual a cada usuario puede ser solo tres o cinco soles por trámite, la cifra se incrementa si se suman  todas las personas que realizan uno o más trámites.
 
“Hay que tener en cuenta que la Defensoría del Pueblo solo ha tomado para esta supervisión uno de los servicios que prestan los municipios, es decir la expedición de la licencia de funcionamiento, pero si se consideran los múltiples trámites que requieren los usuarios en los que probablemente se aplicó el mismo criterio, la suma de cobros ilegales es mayor aún”, remarcó.

Barrera burocrática

La funcionaria enfatizó que al incurrir en esta ilegalidad, las municipalidades en cuestión están estableciendo una barrera burocrática ilegal que puede ser sancionada por el Indecopi, entidad a la que trasladarán toda la información encontrada en esta investigación.

Los municipios infractores son Ancón, Ate, Barranco, Carabayllo, Cieneguilla, Chaclacayo, Chorrillos, El Agustino, Independencia, Jesús María, Lince y Lurigancho-Chosica.

También  Lurín, Los Olivos, Pachacámac, Rímac, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Santa María del Mar y Villa María del Triunfo.
 
En el caso de los municipios restantes, Silva detalló que tres de ellos- Pucusana, Punta Hermosa y Villa El Salvador – los montos de sus tarifas estaban expresados en soles en su respectivo TUPA, mientras que en Surquillo y San Luis el TUPA se aprobó recién este año, por lo cual no tenían necesidad de hacer la reconversión.

Los otros 17 incumplieron la disposición de reconvertir el porcentaje de la UIT pero tampoco modificaron sus precios y, por lo tanto, no perjudicaron a los usuarios con cobros ilegales. dijo.

De otro lado, Silva comentó que la disparidad entre lo que cobran las municipalidades por un mismo servicio, se debe a que no existía una metodología de costos.

“Ahora la Presidencia del Consejo de Ministros, por recomendación de la Defensoría del Pueblo, ya aprobó una metodología a la cual las municipalidades deben adecuarse”, subrayó.

Fuente: Andina.